La democracia tenía un precio

El Presidente del Gobierno de España acaba de dar una rueda de prensa en la que ha ofrecido explicaciones sobre el rescate de 100.000 millones de euros anunciado en el día de ayer. Las consideraciones económicas podrán hacerlas otros mucho mejor que yo, y solo el tiempo dará y quitará razones acerca de si afectará a la ciudadanía con nuevos recortes (parece muy cándido pensar que no, pero el Gobierno así lo afirma). Sin embargo, Rajoy acaba de protagonizar un ejemplo de absoluta anormalidad democrática al responder de forma esperpéntica a algunas de las preguntas que le han realizado los periodistas. Y ésto es igual de grave que el rescate.

De entrada, su comparecencia viene forzada por la avalancha de críticas que se elevaron ayer en los medios de comunicación y en la opinión pública. No es de recibo que después de un rescate de 100.000 millones de euros (o préstamo,  o línea de crédito, o el eufemismo que se desee: la realidad es la que es) el máximo representante de los ciudadanos españoles se esconda y deje solo a un ministro que puede ser el que ha participado en la reunión del Eurogrupo, pero no el que ha tomado la decisión final ni el que sustenta la máxima autoridad ejecutiva. Y ya en la rueda de prensa, el bochorno ha ido a más. Rajoy ha alabado la “madurez y responsabilidad que están teniendo los españoles”. ¿Cómo se atreve alguien que hasta unas pocas horas antes de hacer efectivo el rescate lo negaba por boca de su Ministro de Industria? La respuesta que da Rajoy a una pregunta en este sentido (qué pasó en 24 horas para que se cambiase tan drásticamente de opinión) es que “estas cosas se hacen así”. Con “así”, el presidente se refiere a la mentira sistemática sobre sus intenciones a una ciudadanía ante la que debe responder, porque es su máximo representante, y ha sido elegido para gestionar el país en su nombre.

Pero el esperpento no paró ahí. Cuando preguntaron al presidente sobre por qué no se había pedido antes el rescate si era una medida tan ventajosa como decía, Rajoy contestó que “ya le gustaría a él saberlo”. Recuerdo tan sólo un dato: Mariano Rajoy es Presidente del Gobierno de España desde el 21 de diciembre de 2011. Lleva medio año en el poder y ha pedido el rescate ahora, pese a lo enormemente beneficioso que afirma que es. Así, surgen dos opciones: o es un incompetente que ha alargado el sufrimiento de miles de familias españolas dilatando la petición del crédito, o es un mentiroso ya que el rescate es la última opción para el país y será perjudicial para los ciudadanos. A cual peor.

Y lo que ya directamente es propio de un programa de cámara oculta es que, después de una operación de semejante calado para los ciudadanos españoles, su presidente, que debería ser su primera espada en cuanto a la gestión del problema, se va a presenciar un partido de fútbol a Polonia. Y, ni corto ni perezoso, responde a una pregunta al respecto que “desafortunadamente para él, yendo al partido se va a perder la victoria de Nadal frente a Djockovic”. Y, antes de que puedan hacerle más preguntas, da por finalizada la rueda de prensa.

La democracia es un sistema político que se basa en la elección de los representantes políticos por los ciudadanos. De esta forma, se crea un contrato entre ellos: el gobernante, que ha sido aupado al poder por sus iguales, ha de responder ante ellos y tratarlos como personas adultas y preparadas, diciéndoles la verdad ante todo. Más de uno debería recordarlo. Sobre todo si se declara demócrata.

De vuelta a las cavernas

La ley establece que, para garantizar la mayor pluralidad e independencia posibles, el presidente de RTVE tiene que ser elegido por mayoría cualificada de 2/3 en el Parlamento. La institución lleva un año sin presidente desde la salida de Alberto Oliart, y se está manejando con un modelo en el que la presidencia rota entre los integrantes del Consejo de Administración. Una situación insostenible.

Por eso el gobierno del PP, en un alarde de pluralidad, altura de miras y pensamiento de Estado, ha decidido que antes que cumplir la ley, mejor la va a cambiar, que para eso tiene mayoría absoluta (en el Parlamento, que no en el número de votos). Y así, el presidente de RTVE será del PP para que “sus servicios informativos sean de una objetividad meridiana”; objetivo que, obviamente, se conseguirá al tener un presidente nombrado a dedo por un partido político. Pero además, para evitar que los trabajadores de RTVE puedan siquiera elevar sus quejas, también se elminan los representantes de los sindicatos en el Consejo, en pro de “un funcionamiento eficaz y eficiente de la Corporación”.

Y así, se volverá a escenas tan esperpénticas como que el director de informativos de RTVE sea condenado por manipulación en la cobertura informativa de una huelga. Pero no pasa nada: en un movimiento inteligente (y en esto no hay pizca de ironía, aunque sí mucha repugnancia), el Gobierno ha anunciado en el mismo Consejo de Ministros que las radios podrán entrar a los estadios de fútbol por decreto.

Pan y circo. Aunque igual dentro de poco lo del pan también sobra.

Asaltando (un poco más) la educación pública

Hace unos días, el ministro de Educación José Ignacio Wert anunció que iba a aumentar el número máximo de alumnos por clase (la ratio) en educación primaria y secundaria, de forma que en la primera etapa obligatoria el tope pasará de 27 a 30 alumnos y en secundaria, de 30 a 36. Ésta medida no viene sola, sino que va acompañada de un aumento en el número de horas lectivas que tendrán que impartir los profesores, aunque su jornada laboral seguirá siendo la misma (de 37,5 horas a la semana), lo que se traduce en una reducción del tiempo que podrán dedicar a preparar clases, ofrecer tutorías o impartir refuerzo a los alumnos que lo necesiten. Y a todo ello hay que añadirle el recorte ya anunciado en los Presupuestos Generales del Estado que serán aprobados previsiblemente sin modificaciones, a causa de la mayoría absoluta del Partido Popular.

No obstante, el ministro ha afirmado que estos recortes “no inciden sobre la cobertura y la calidad de la educación y no afectan a la equidad”, por lo que, según Wert, se puede hacer como mínimo lo mismo con mucho menos dinero. Sin embargo, las partidas concretas en las que se reduce el presupuesto ponen, cuanto menos, en duda sus declaraciones: se reducirá, por ejemplo, un 91,9% en formación del profesorado (apartado que no es precisamente un gasto administrativo). La cosa no se queda ahí: en un país con unas cifras de fracaso escolar del 28,4% (el tercero de la Unión Europea, según datos de 2010) se reduce la partida destinada a combatir el abandono en cuatro millones de euros, aproximadamente un 9%.

Los recortes también afectan de forma directa al bolsillo de las familias: se reduce en nada menos que un 72% el presupuesto destinado a ofrecer becas para libros de texto, material que en el curso 2010-2011 suponía un gasto medio de 107,06€ por alumno (según datos de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza, ANELE). Asímismo, el ya de por sí infrafinanciado programa ERASMUS sufre un tajo del 41% en su subvención, lo que conduce a que, en la práctica, sea tan solo asequible a quien pueda pagarlo de su propio bolsillo. Y, en el colmo del esperpento, el programa Educa3, destinado a la financiación de la formación entre los 0 y los 3 años y que la OCDE y el mismo Ministerio de Educación consideran como “un factor básico de equidad clave para compensar desigualdades de partida que contribuye a mejorar el posterior éxito escolar”, verá prácticamente suprimida su partida con una reducción del 98,8% con respecto a los presupuestos del año pasado. Y éstos son tan solo algunos ejemplos.

Todos estos datos, pese a su grandilocuencia, pueden quizá ser fríos. Pero las situaciones concretas en los centros dan buena cuenta de la gravedad del asunto, y para muestra, un botón: en el IES Las Musas, situado en un barrio homónimo de Madrid, se ha llegado al punto de tener 37 alumnos en un solo grupo de segundo de Bachillerato. Para más inri, se ha reducido el número de profesores (siete menos) en comparación con el curso pasado, lo que ha provocado una subida media de las ratios de un 18,5% y una disminución del número de profesores de guardia. Francisco Ruíz, profesor del centro, lo describe así: “el problema es que si surgen dos clases donde falta el profesor y uno de los dos docentes de guardia está enfermo, no hay nadie que pueda atenderlas. […] A mí se me han dado hasta cuatro clases a la vez y me he visto obligado a juntarlas, con niveles diferentes”. Y el supuesto que el docente plantea no es para nada descabellado en un centro que cuenta con unos 1200 alumnos.

Esta situación, provocada por los recortes aprobados por el gobierno autonómico de Esperanza Aguirre antes del inicio del presente curso, puede ser la que se generalice en toda España a partir del año próximo a causa de las medidas aprobadas por José Ignacio Wert. Así que, señor ministro, y antes de cualquier otra crítica a su gestión, no tome a los ciudadanos por idiotas: los recortes sí afectarán en grado sumo a la calidad de la educación. Un modelo cuanto menos curioso para superar la crisis económica y construir una economía y una sociedad fuertes e igualitarias. Aunque quizá en esa última palabra esté la clave del asunto.

¿Viviendo por encima de nuestras posibilidades?

Desde hace tiempo, los políticos y los medios de derechas han venido repitiendo algunas consignas que, según ellos, explican en buena parte la crisis económica: desde la ya famosa frase “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” hasta la categórica afirmación de que “el Estado de Bienestar es insostenible”. Los ejemplos se repiten: la ministra de Sanidad Ana Mato, el presidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo o el presidente de la patronal vasca Miguel Ángel Lujua son algunos de los defensores más famosos de estas tesis, que ya por 2010 eran proclamadas por el expresidente del Gobierno Jose María Aznar.

Se afirma que el Estado del Bienestar es insostenible, que se ha gastado en exceso en políticas sociales y que ese dispendio debe ser reducido. No obstante, los datos dicen otra cosa. Según Eurostat, en comparación con la Unión Europea, en 2009 en España el gasto social fue 4,465 puntos menor que la media de los 27 (25,041% del PIB frente al 29,506%). Mayores son las diferencias si hablamos de los países más desarrollados de la UE, como Dinamarca (33,442% del PIB), Francia (33,056%) o Alemania (31,337%).

No obstante, hay más aspectos a los que se deben referir algunos de nuestros políticos cuando hablan de que el Estado del Bienestar es insostenible, como por ejemplo la espectacular tasa de fraude fiscal de España, que asciende hasta el 23% del PIB, lo que nos sitúa a la cabeza de la Unión Europea y que con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno va a ser legalizado a un ínfimo coste para el estafador. O quizá hablen de que lo que hace insostenible el Estado del Bienestar son las SICAV, sociedades que tributan al 1% (e implementadas, por cierto, por el gobierno socialista de Felipe González). Más demoledores son aún los datos referentes al porcentaje de personas en riesgo de pobreza tras haber recibido las ayudas del Estado, que en España se sitúaba en 2010 en el 20,7% de la población (según Eurostat), niveles iguales a los de países como Bulgaria y cuatro puntos superiores a los de la media de los 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la CEOE se apuntó también a la insostenibilidad del sistema de pensiones, incluso tras el aumento de la edad de jubilación que realizó el anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, las cifras vuelven a desmontar la afirmación de que se gasta demasiado en los jubilados: el porcentaje de gasto en este apartado se sitúa en un 10,103%, situado nada menos que tres puntos por debajo de la media europea, que queda emplazada en el 13,067% (datos de 2009). Mayor es la distancia con países como Francia (14,513%), que además, en la fecha a la que hacen referencia las estadísticas, situaba su edad de jubilación en los 60 años, en lugar de los 65 de España.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Habrá personas que quizá sí. Pero a nivel estatal, los datos lo demuestran, queda claro que no. El gasto social es mucho menor que la media de la Unión Europea (y la media ni siquiera es una comparación con los países más ricos, entre los que España se incluía cuando Zapatero dijo aquello de que España estaba en la “Champions League de la economía”), y las afirmaciones de que el Estado del Bienestar existente en España es insostenible son, cuanto menos, dudosas. Países como Francia o Alemania sostienen un gasto social mucho mayor, a nivel porcentual, que el español. Los gráficos hablan por sí solos.

La legalización de una estafa

La exigencia de Bruselas de que España rebaje 3,2 puntos su déficit en un año (del 8,5% actual al 5,3%) ha tenido como consecuencia que en el día de ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros Cristóbal Montoro y José Manuel Soria presentasen los Presupuestos Generales del Estado más austeros y recortados de la historia de la democracia en España. Estos presupuestos conllevan recortes del gasto en todos los ministerios y partidas, con medidas tan controvertidas como la eliminación del gasto estatal (no así el de las Comunidades Autónomas) en dependencia. No obstante, la medida que más revuelo mediático ha causado es la aprobación de una amnistía fiscal para los defraudadores de Hacienda.

Por esta decisión, se da la paradoja de que quien haya pagado sus impuestos religiosamente y no haya engañado al erario público verá aumentada su tasa contributiva tras la subida del IRPF hace unos meses, mientras que los ciudadanos que hubieran escapado a la presión del fisco podrán blanquear su dinero negro pagando tan solo un 10%, en el caso de las rentas interiores no declaradas. Para mostrarlo de forma más gráfica: a un individuo que ingresa 22.251,5€ brutos al año (el suelo medio en España en 2009, último año del que el INE ofrece estos datos) se le aplicaría una tasa impositiva del 30%, por lo que contribuiría a las arcas públicas con 6675,4€; no obstante, si ese dinero hubiese sido percibido en negro, podría regularizarlo con una tasa impositiva tres veces menor, pagando un total de 2225,15€. No obstante, y dado que esta medida va fundamentalmente destinada a cantidades más elevadas, la diferencia entre lo legalmente tributado y el 10% fijado en la amnistía crece de forma evidente.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se escuda en que es una medida que ya ha sido tomada exitosamente en países como Italia y que ha permitido la salida a la luz de unos 5.000 millones de euros. Sin embargo, en 2010 el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hablaba de que la amnistía fiscal impulsada en 2010 por el ejecutivo socialista provocaba que “los que pagan, van a pagar más, y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado”, mientras que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, tachaba la medida de “impresentable” e “injusta”. ¿Por qué ha cambiado radicalmente la opinión de estos dirigentes? Solo ellos lo saben. Pero mientras todo esto se hace para, según Montoro, “incentivar la tributación”, se siguen manteniendo vergonzosas formas de evasión legales como las SICAV (que tributan a la increíble tasa del 1%). Y de eso, se prefiere no decir nada.

El precio del Estado de Derecho

Últimamente, uno de los grandes temas del debate de actualidad es el propósito del magnate estadounidense Sheldon Adelson de construir en España un macrocomplejo dedicado al juego, al estilo de la ciudad de Las Vegas. Madrid y Barcelona son las ciudades que están peleando por albergar una inversión que podría crear unos 200.000 puestos de trabajo. Hasta ahí, todo bien. Pero Adelson trae otras exigencias: quiere grandes cambios legales y exenciones para instalar su complejo. Pretende realizar cambios en el Estatuto de los Trabajadores y conseguir privilegios legales como visados de trabajo “express”, exención del pago de la Seguridad Social durante los dos primeros años y ventajas fiscales los tres siguientes, préstamos avalados por el Estado español o la cesión del suelo público donde se construya el complejo.

Madrid y Cataluña, ambas gobernadas por partidos conservadores, ya se han interesado por el proyecto. Y lo han hecho prometiendo al magnate grandes privilegios a la hora de montar su negocio: la propia Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya anunció que estaba dispuesta a casi cualquier modificación legislativa para atraer a la ciudad del juego a la región e incluso se hablo de una “isla legal” que el gobierno central tuvo que desmentir. Sin embargo, parece claro que el inversor estadounidense no instalará su negocio si no se le ofrecen al menos parte de las exenciones que exige.

Si este proyecto llegara a realizarse con las condiciones que exige Adelson (y que parecen dispuestos a satisfacer los presidentes Mas y Aguirre), su puesta en escena sería una de las más flagrantes agresiones al Estado de Derecho de los últimos tiempos. No es solo la grave precariedad que se impondría en los miles de empleos creados, ni el innegable daño medioambiental que supondría el complejo; lo verdaderamente grave sería la prostitución del fundamento más básico del Estado de Derecho: el imperio de la ley. ¿Es democrático que se pueda comprar la violación de las leyes?.

Adelson está siendo demonizado en muchos sectores por sus pretensiones. No obstante, y pese a que no sean muy éticas, él es el empresario y es lógico que defienda sus intereses. Sería el gobierno el que debería pararle los pies y hacerle cumplir la misma ley que al resto de los ciudadanos. No es un problema de ámbito moral, ni siquiera un problema de implantación de un model o de trabajo precario. Es la propia legitimidad democrática la que está en juego.

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